El debate sobre la reforma fiscal en el país ha cobrado fuerza en los
últimos meses. Sin embargo, el consenso en torno a su necesidad contrasta
profundamente con la preocupación expresada por muchos expertos, entre ellos el
renombrado especialista en materia tributaria, Edgar Barnichta Geara. Su
declaración de que la propuesta actual es "la peor de las últimas
décadas" no solo plantea serias interrogantes sobre el contenido de esta
reforma, sino que también sugiere un futuro sombrío si no se realizan los
ajustes necesarios.
Según Barnichta, aunque la reforma fiscal es indudablemente esencial, su
formulación actual es "muy mala y peligrosa". En sus palabras, esta
propuesta no solo podría ampliar la brecha entre ricos y pobres, sino también
desestabilizar el tejido social en un contexto que ya es frágil. Es imperativo
destacar que las reformas tributarias, por su naturaleza, deben ser justas y
equitativas, protegiendo a los sectores más vulnerables como los pobres y la
clase media, en lugar de imponerles cargas adicionales.
Uno de los puntos más críticos en las observaciones de Barnichta es la
falta de preparación tanto de la administración tributaria como de la población
para implementar dicha reforma. La necesidad de un periodo de tres a seis meses
de ajuste antes de su entrada en vigor no es un mero capricho; subraya la
urgencia de establecer un análisis profundo que contemple las implicaciones
reales de las medidas propuestas.
Entre los pocos aspectos positivos que Barnichta menciona se encuentra la
reducción de anticipos del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas
físicas y pequeñas empresas. Sin embargo, aboga por una eliminación total de
estos anticipos para aquellos con ingresos menores a RD$5 millones, enfatizando
que se necesita un enfoque más comprensivo hacia los pequeños emprendedores que
son la columna vertebral de nuestra economía.
No obstante, la reforma plantea serias contradicciones. Mientras se
eliminan ciertas exenciones e incentivos en favor de particulares, se mantiene
un régimen de privilegios que beneficia a sectores específicos, lo cual es
inaceptable. Lo que es más alarmante es que la reforma sigue gravando a
aquellos que menos tienen, bajo el pretexto de que los perjuicios se
compensarán con subsidios. Esta idea se desvanece en el aire, pues es claro que
las soluciones superficiales no resuelven problemas estructurales.
Barnichta destaca que la reforma introduce una serie de modificaciones,
como la revaluación de inmuebles y la aplicación de un ITBIS más amplio, que
podría aumentar las recaudaciones. Sin embargo, también señala que se imponen
nuevas cargas impositivas en productos esenciales, afectando de manera
desproporcionada a la población más vulnerable. La eliminación de deducciones
en gastos educativos y el aumento de impuestos a bebidas alcohólicas y
azucaradas, entre otros, perjudica gravemente a la clase media, ya desgastada
por la crisis económica.
No hay dudas de que el país necesita una reforma fiscal. Pero esta no
debe ser a expensas de los menos favorecidos. La voz de expertos como Barnichta
destaca la urgencia de repensar la reforma propuesta. En lugar de una carga
adicional sobre los ciudadanos, es necesario construir un sistema impositivo
más justo, transparente y que fomente la estabilidad económica y social.
A medida que el debate sobre la reforma fiscal continúa, es vital que
pongamos por delante el bienestar de la población y la equidad en nuestra
estructura económica. De lo contrario, las consecuencias de esta mala propuesta
pueden ser más graves de lo que se imagina.
